La Comisión Estatal de Atención a Víctimas ha cubierto los gastos funerarios de 50 niños y adolescentes en lo que va de 2025, frente a una escalada de homicidios infantiles en la región.
En el estado de Guanajuato, las autoridades han desembolsado recursos públicos para financiar los funerales de 50 menores de edad que han perdido la vida en hechos violentos durante el primer semestre de 2025. Este esfuerzo responde a un escenario de creciente violencia, con múltiples casos de homicidios que conmueven a diversas comunidades, especialmente en las ciudades de León, Irapuato y San Miguel de Allende.
Entre las víctimas recientes se encuentra Luis Ángel, un joven de 17 años, quien perdió la vida tras un ataque armado durante la celebración de una festividad local en San Miguel de Allende. Aunque en algunos casos se han logrado avances en la identificación y detención de los responsables, muchas de estas muertes permanecen impunes, señalando un problema persistente de inseguridad y violencia en la región.
El responsable de administrar los recursos destinados a los gastos funerarios, Jaime Rochín, explicó que en 2025 se ha autorizado un presupuesto de aproximadamente 1.35 millones de pesos para cubrir los gastos de los sepelios, que en promedio alcanzan hasta 27 mil pesos por víctima. Además, se han destinado fondos adicionales para atender a familiares y lesionados derivados de incidentes violentos, con pagos que superan los 50 mil pesos, en algunos casos destinados al cuidado hospitalario de menores afectados en estos sucesos.
Este sostenido apoyo económico refleja la gravedad de la crisis de violencia en Guanajuato, donde los menores son víctimas tanto directas como colaterales de la inseguridad. Datos oficiales revelan que durante los últimos cinco años, casi 1,000 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de homicidio en la entidad, siendo las armas de fuego el principal modo de perpetración. La zona centro-norte del estado resalta como una de las áreas con mayor incidencia, motivando acciones preventivas y de atención especiales en esas regiones.
Este panorama genera una mirada crítica sobre los desafíos que enfrenta Guanajuato para garantizar la protección de la infancia y la justicia efectiva, mientras las autoridades trabajan en brindar apoyo a las familias afectadas y reducir los niveles de violencia que amenazan la integridad de la población menor.