GUANAJUATO, Guanajuato. – La diputada María Eugenia García Oliveros ha presentado una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el fin de fortalecer la figura de la legítima defensa para mujeres que enfrentan violencia extrema. La propuesta busca eliminar la aplicación del concepto de “exceso en la legítima defensa” cuando una mujer actúe para protegerse o proteger a terceros ante agresiones físicas, sexuales o feminicidas.
Durante su exposición, la legisladora señaló que el sistema de justicia actual frecuentemente ignora el contexto de violencia de género, llevando a que mujeres que se defienden para sobrevivir sean procesadas injustamente. Mencionó casos como los de Alina Narciso, Yakiri Rubio, Itzel, Lucía y Roxana Ruiz, quienes pasaron de ser víctimas a ser consideradas victimarias debido a estereotipos sexistas y la falta de perspectiva de género.
La diputada enfatizó la necesidad de que quienes sufren violencia sistemática no sean criminalizadas por repeler agresiones que ponen en riesgo su integridad. La iniciativa propone que se presuma la legítima defensa para mujeres, a menos que se demuestre lo contrario, cuando se cause daño a un agresor en el contexto de violencia física de género, sexual o feminicida.
La reforma también busca que no se aplique el término de “exceso” en estos escenarios, reconociendo que el miedo o el terror pueden influir en la respuesta de la víctima ante un peligro inminente. Adicionalmente, la propuesta contempla la obligación de las autoridades judiciales de juzgar con una visión integral, considerando el historial de violencia, las relaciones de poder entre agresor y víctima, y garantizando tratamiento psicológico y medidas de protección para la mujer que se defendió.
Si bien las cifras son limitadas, se estima que hasta 2023, 17 mujeres estaban sentenciadas por homicidio doloso, 27 por lesiones y 20 por violencia familiar en el país. La diputada García Oliveros argumentó que estas mujeres no deberían enfrentar procesos legales, ya que sus acciones podrían encuadrarse en criterios de legítima defensa ante la violencia extrema.
Finalmente, la iniciativa busca asegurar que en Guanajuato ninguna mujer sea encarcelada por sobrevivir a su agresor, estableciendo un marco normativo de legítima defensa más efectivo.