Ciudad de México, Ciudad de México. – El gobierno federal ha oficializado la implementación de una estrategia nacional integral diseñada para combatir la extorsión y el cobro de piso, delitos considerados de alto impacto en el país, con miras al año 2026.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), publicó el acuerdo 01/LII/2025. Dicho acuerdo fue aprobado en la quincuagésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el pasado 11 de diciembre.
En el documento, el ejecutivo federal detalla diversas acciones orientadas a erradicar el cobro de piso, una práctica delictiva que ha mostrado un repunte significativo desde 2019.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública ha instruido a los gobernadores de las entidades federativas para que presenten, ante sus respectivos congresos locales, iniciativas de reforma legislativa. El objetivo es armonizar las leyes estatales con esta nueva estrategia nacional.
Se ha emplazado a los mandatarios estatales a reportar al SESNSP, a más tardar el último día hábil de enero de 2026, sobre el estatus de la presentación de estas iniciativas.
Adicionalmente, se ha ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) la emisión de un manual de operación. Este manual regulará la recepción de denuncias, la investigación y la persecución del delito de extorsión por parte de las fiscalías y unidades especializadas a nivel nacional.
Las autoridades estatales tendrán hasta el último día hábil de febrero de 2026 para comenzar a aplicar este nuevo manual operativo.
Con estas medidas, el gobierno federal busca homologar los marcos jurídicos y operativos en todo el territorio nacional para enfrentar la extorsión de manera unificada. Esto permitirá una mejor medición de la incidencia delictiva y la asignación de recursos presupuestales específicos para su combate.
A partir de enero de 2026, las fiscalías estatales deberán iniciar el registro de incidencia delictiva de acuerdo con los lineamientos actualizados del Registro Nacional de Incidencia Delictiva.