La Fiscalía argumenta que la liberación viola derechos de las víctimas y busca reparación del daño
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará una apelación contra la decisión que liberó a Israel Vallarta, acusado de secuestro y ligado al caso de la ciudadana francesa Florence Cassez. La medida se tomó tras una sentencia absolutoria dictada el 1 de agosto por el Juzgado Tercero de Distrito en Toluca, que argumentó que no se acreditó su responsabilidad en delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la apelación busca defender a las víctimas y garantizar su derecho a la reparación del daño. Indicó que el delito de secuestro, después del homicidio, es uno de los más graves y que en el caso de Vallarta, hubo seis personas afectadas por un secuestro previo a la intervención policial.
Gertz Manero subrayó que el secuestro en cuestión fue ilegal y abusivo, por lo que las víctimas no deben quedar en indefensión. La decisión de la autoridad judicial generó controversia, pues Vallarta permaneció casi 20 años en prisión sin sentencia firme, desde su detención en diciembre de 2005.
Vallarta, quien anunció que interpondrá una denuncia contra Luis Cárdenas Palomino, exencargado de la policía judicial, y otros funcionarios, fue detenido en 2005 en una operación mediática transmitida en vivo por el periodista Carlos Loret de Mola. Posteriormente se reveló que la detención pudo haberse tratado de un montaje policial, con inconsistencias en la información difundida.
El caso adquirió dimensiones diplomáticas, debido a la implicación de Florence Cassez, quien fue liberada en 2013 por violación de derechos procesales. Vallarta, en cambio, permaneció en prisión casi dos décadas sin una condena definitiva, hasta la resolución judicial reciente.
En 2021, las autoridades detuvieron a varios acusados por presunta tortura en el marco del caso, incluyendo a Luis Cárdenas Palomino, vinculado a la administración de Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.