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Diputado Fernández Noroña lidera pago millonario a asesores no registrados

Se reporta que Fernández Noroña paga más de un millón de pesos mensuales en asesoría, incluyendo personal no registrado en los registros oficiales del Senado.

Por Redacción1 min de lectura
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Se revela un gasto superior al millón de pesos mensuales en personal que trabaja sin estar en nómina oficial, generando cuestionamientos sobre transparencia y uso de recursos públicos.

La oficina del senador y dirigente de Morena, Gerardo Fernández Noroña, sostiene un equipo que, además de los colaboradores oficiales, incluye personal que recibe salarios y gastos sin constar en los registros formales del Senado. Investigaciones recientes evidencian que al menos cuatro personas trabajan directamente con él sin estar registradas en la nómina oficial o en las listas públicas de asesores autorizados. Entre los casos más destacados se encuentra Emiliano González, quien viajó a Italia para una conferencia internacional con fondos del Senado, pero solo devolvió una pequeña parte de los gastos tras su regreso. Además, se ha detectado la presencia de personas como Paola Becerra, quien según información pública es secretaria particular, aunque oficialmente no aparece en los registros administrativos de la Cámara Alta. La discrepancia en los registros oficiales revela que, mientras el Senado informa contar con cinco asesores en la oficina de Fernández Noroña, solo existen cuatro nombres en la lista formal, dejando un espacio para posibles contratos o colaboradores no oficiales. La nómina oficial muestra 13 colaboradores con salarios que varían entre 38 mil y 172 mil pesos mensuales, sumando en total un gasto que supera el millón de pesos mensuales en sueldos y honorarios. Este nivel de gasto en personal no registrado en la nómina oficial plantea inquietudes acerca de la transparencia en la gestión de recursos públicos y el cumplimiento de las regulaciones administrativas en el Congreso mexicano. La revisión de estos casos se inscribe en un contexto más amplio de vigilancia ciudadana sobre el uso adecuado de fondos en las instituciones legislativas, donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para fortalecer la confianza pública.

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