Un ex agente denuncia irregularidades en la entrega de su pensión por discapacidad, problemática que afecta a otros oficiales en la misma dependencia.
Un ex agente judicial de la Fiscalía General de Justicia denuncia retrasos y omisiones en el pago de su pensión por discapacidad. La situación se agravó tras un accidente ocurrido en servicio, que parcialmente le dejó secuelas motrices, certificadas por el área de Medicina del Trabajo. A pesar de contar con la evaluación favorable, aún no recibe los pagos correspondientes, y en su caso solo ha percibido cinco de los pagos estipulados para este año.
La problemática no es exclusiva de este ex oficial, ya que al menos 20 de sus compañeros enfrentan dificultades similares. La falta de recursos ha impidiendo a varios oficiales tramitar formalmente su pensión, incluso cuando ya han sido oficialmente reconocidos como incapacitados. La incertidumbre sobre cuándo serán atendidos por las autoridades ha generado necesidad de intervención externa.
De acuerdo con el relato, los obstáculos han dificultado el acceso a su salario, lo cual es un problema crítico, considerando que la imposibilidad de trabajar se asocia a lesiones oficiales. La caída de una motocicleta durante un operativo, en la que además se le lesionó la espalda con un componente del arma hechiza, fue la causa principal de su discapacidad. La evaluación médica ha confirmado que su condición le impide desempeñar sus labores previas.
Contextualmente, la situación revela las deficiencias en la gestión de recursos y derechos laborales en instituciones de seguridad pública, un tema que mantiene en alerta a diversos sindicatos y organismos de derechos laborales. La presión por soluciones eficientes refleja la urgencia de garantizar el cumplimiento de prestaciones para quienes arriesgan su integridad en el cumplimiento del deber.
El afectado solicitó a las autoridades de la Fiscalía y al gobierno estatal que agilicen los trámites y brinden una respuesta definitiva. La evidencia médica y los derechos laborales respaldan su petición para obtener una incapacidad permanente y los pagos atrasados, indispensables para su bienestar y estabilidad económica.