Análisis de las acciones que evidencian la erosión de las instituciones democráticas y el riesgo de un golpe institucional en el país.
Desde hace varios años, el avance de una agenda política con tintes autoritarios ha quedado evidenciado en distintas acciones del gobierno, provocando una transformación profunda en las instituciones democráticas del país. El proceso inició con el control de los recursos públicos y programas sociales diseñados para generar afinidad electoral, consolidando así la base de apoyo en las urnas mediante la manipulación. Posteriormente, se tomó el control del poder legislativo mediante una sobre representación y amenazas, desmantelando los mecanismos de contrapeso que garantizan la independencia de las instituciones. En paralelo, la judicialización y la remoción de jueces y ministros afines han minado la autonomía del Poder Judicial, afectando la protección de los derechos de los ciudadanos. La limitada libertad de expresión y la censura de voces disidentes en medios y plataformas digitales profundiza la concentración del poder y reduce los márgenes de crítica. La fase más alarmante está en marcha con la intención de controlar los órganos electorales, lo que pone en riesgo la posibilidad de una futura alternancia política pacífica. Esta estrategia busca asegurar la continuidad en el poder mediante reformas electorales que limitan la competencia y manipulan los procesos democráticos. La suma de estas acciones ha permitido una erosión sistemática de la separación de poderes, fortaleciendo un entorno autoritario que ha destruido aspectos fundamentales del Estado de Derecho y que requiere una atención urgente para evitar un colapso democrático completo.