TLALMANALCO, MÉXICO. – Un incidente que involucra una patrulla oficial de Seguridad Pública, presuntamente utilizada para fines particulares y que terminó en un choque, ha generado fuerte polémica en Tlalmanalco, Estado de México. Los hechos ocurrieron la tarde del 20 de diciembre, alrededor de las 18:30 horas, sobre la carretera federal 115, en la calle Morelos, cerca de la tienda “CAME”.
Testigos y videos difundidos en redes sociales señalan que la unidad oficial, con número económico SPM-044, era conducida por un hombre en ropa civil, sin uniforme. Tras el percance, del vehículo descendieron dos menores y una mujer, quienes se retiraron del lugar a pie. Esta situación provocó indignación entre los habitantes, quienes consideraron que el vehículo oficial se utilizaba para fines privados.
La molestia se intensificó al trascender que la unidad accidentada era una de las pocas patrullas operativas con las que cuenta la corporación para realizar labores de vigilancia en la cabecera municipal y comunidades aledañas. Fuentes policiales anónimas indicaron que, previo al accidente, solo dos patrullas se encontraban en buen estado, dejando ahora solo una unidad disponible para atender la seguridad del municipio.
Elementos de la corporación también han denunciado carencias estructurales, incluyendo falta de patrullas, armamento, uniformes, chalecos antibalas y seguro de vida, además de bajos salarios y retrasos en el pago de prestaciones. Un policía municipal, quien prefirió el anonimato, declaró: “Trabajamos sin equipo y con sueldos que no alcanzan; no hay condiciones mínimas para brindar seguridad”.
En respuesta, ciudadanos de Tlalmanalco han dirigido un escrito al presidente municipal, Luis Enrique Sánchez Reyes, y a los integrantes del Ayuntamiento, solicitando información oficial y una investigación. Exigen identificar al conductor de la patrulla, esclarecer las razones de su uso por parte de civiles, incluidos menores, y determinar si existía alguna orden de servicio que lo justificara.
Asimismo, demandan que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes por el daño al patrimonio municipal y solicitan la intervención de la Contraloría Interna Municipal para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una postura oficial sobre los hechos, lo que ha acrecentado el reclamo ciudadano por transparencia y un uso responsable de los recursos públicos destinados a la seguridad.