La Fiscalía del Estado de México ejecuta la segunda fase de la Operación Caudal, desmantelando organizaciones criminales que controlan la venta ilegal de agua en varias municipios.
Tras el inicio de la primera fase en octubre, en la que se aseguraron más de 50 pozos y numerosos vehículos relacionados con actividades ilícitas, las autoridades mexiquenses llevaron a cabo una segunda etapa que culminó con la detención de seis individuos considerados cabecillas de redes de extracción y distribución clandestina de agua en la región. Entre los arrestados se encuentran líderes sindicales y funcionarios públicos que operaban bajo la apariencia de organizaciones sociales, como el Sindicato 22 de Octubre y la Federación Internacional de Trabajadores, vinculadas a delitos que van desde extorsión y secuestro hasta invasiones de predios y despojo de propiedades.
Estas organizaciones controlaban rutas de pipas ilegales, mediante las cuales vendían agua a precios excesivos, con sobreprecios que en algunos municipios alcanzaban el 59%. La práctica ilegal no solo afectaba a los consumidores, sino que además generaba un flujo económico sin controles ni reportes oficiales. La operación también descubrió que estas agrupaciones tenían vínculos con delitos graves y que su influencia alcanzaba municipios clave como Ecatepec, Chalco y Nezahualcóyotl, donde ejercían un control absoluto sobre recursos y actores.
Para entender la magnitud del problema, conviene contextualizar que el agua en la entidad a menudo se convierte en un lucrativo negocio paralelo al márgen de la legalidad. La regularización de estos actos, así como la desarticulación de sus líderes, son pasos fundamentales para garantizar el acceso equitativo a un recurso vital y reforzar el Estado de Derecho en la región.