La participación de la Fiscalía mexiquense en las recientes clausuras genera controversia y cuestionamientos sobre las acciones del secretario de seguridad federal
En el estado de México, la realización simultánea de un operativo en 20 municipios, que resultó en la clausura de más de 300 establecimientos dedicados a servicios de barbería y estética, ha despertado cuestionamientos sobre la coordinación y legalidad de las acciones. La operación, conocida como Operativo Atarraya, fue impulsada por una colaboración entre diversas instituciones de seguridad federales y estatales, pero en esta ocasión reveló tensiones internas y dudas sobre el respeto a la autoridad local.
Durante el operativo, surgieron videos que mostraban a agentes sembrando droga en algunos establecimientos, lo que ha puesto en duda la legitimidad de las detenciones y clausuras, generando un ambiente de desconfianza en las instituciones responsables. La estrategia, que busca combatir actividades ilícitas vinculadas a delitos como secuestro, narcomenudeo y violencia, ha sido criticada por parte de la clase política mexiquense, especialmente ante la percepción de que la autoridad federal opera sin plena coordinación con las autoridades locales.
Además, agentes de la Fiscalía del Estado de México expresaron su malestar por la forma en que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, habría liderado estas acciones sin la autorización previa del gobierno estatal. Incluso, se reporta que Harfuch no solicitó formalmente el apoyo del gobierno local hasta tener a los agentes en plena acción, lo que dificulta la colaboración y genera desconfianza. La gobernadora Delfina Gómez ha manifestado su respaldo a las labores federales, aunque en los pasillos del Palacio de Toluca persiste la incertidumbre sobre la continuidad de estas operaciones en el futuro cercano.
Este enfrentamiento de competencias y dudas sobre la legalidad y transparencia de los operativos refleja las complejidades institucionales en la lucha contra el crimen y el papel que juegan las distintas instituciones en el Estado de México, uno de los principales focos de inseguridad en la región.