La gobernadora ha presentado 150 propuestas desde septiembre de 2024, logrando la aprobación del 91%, con avances en justicia, salud y digitalización.
Desde la llegada de Delfina Gómez Álvarez a la dirigencia del Estado de México, su gestión legislativa ha mostrado un alto nivel de respaldo en el Congreso local. Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, se han presentado 150 iniciativas, de las cuales 137, equivalentes al 91 por ciento, han sido aprobadas en el pleno legislativo. Estas propuestas abarcan desde el fortalecimiento de la justicia contra la violencia de género hasta la modernización de trámites administrativos y la protección de derechos.
Entre los logros destacados se encuentra la creación del Juzgado LIBRE, un órgano especializado que busca fortalecer las medidas de protección frente a la violencia de género, y la implementación de reformas para endurecer penas en casos de acoso y abuso sexual. Además, se avanzó en la transferencia de espacios de salud para su donación al IMSS-Bienestar, y en la digitalización y simplificación de trámites através de la Agencia Digital, que busca modernizar la administración pública en la región.
El contexto político y social del Estado de México hace que estas acciones sean particularmente relevantes. La región enfrenta desafíos ligados a la seguridad, la desigualdad y la desigualdad de acceso a servicios, por lo que las reformas y nuevos órganos creados implican una respuesta institucional para promover mayor justicia y eficiencia.
A pesar de estos avances, aún quedan 13 iniciativas pendientes, entre ellas la Ley de Unidades Económicas y propuestas para reformar leyes en materia de derechos humanos y justicia penal. La continuidad en la aprobación de propuestas refleja un proceso legislativo activo en favor de reformas clave para la región.
Este escenario evidencia cómo la colaboración entre poderes y la agenda legislativa pueden impulsar cambios concretos en un contexto que requiere atención en múltiples frentes sociales y administrativos. La apuesta por modernización y justicia en el Estado de México se mantiene como prioridad para consolidar políticas públicas más inclusivas y eficaces.