La sentencia confirma su participación en el asesinato del síndico municipal en un contexto de disputas políticas y vínculos con grupos criminales, en un caso que revela la presencia del crimen organizado en la política local.
Un juez del Poder Judicial del Estado de México impuso una condena de 70 años de prisión a María Elena Martínez Robles, exalcaldesa del municipio de Amanalco, por el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz ocurrido en enero de 2023. La sentencia refleja que el crimen se cometió con alevosía y ventaja, características que evidencian una planificación previa y una ejecución sin oportunidad de defensa por parte de la víctima.
Martínez Robles, quien inicialmente asumió su cargo con el apoyo de Movimiento Ciudadano y posteriormente se afilió a Morena, fue señalada por la fiscalía estatal de ordenar el asesinato motivada por disputas internas de poder en el ayuntamiento. La investigación acredita que la exfuncionaria solicitó apoyo del grupo delictivo La Familia Michoacana, con presencia en el sur del Estado de México, para consolidar su autoridad política. El crimen ocurrió cuando la víctima fue emboscada en una vía pública mientras cumplía con una de sus funciones oficiales.
Este caso se inscribe en un proceso más amplio conocido como “Operación Enjambre”, una intervención federal coordinada por la Fiscalía estatal y las fuerzas armadas, con el objetivo de desmantelar redes de corrupción y alianzas ilícitas entre funcionarios y el crimen organizado. La operación busca erradicar prácticas que facilitan delitos graves en las administraciones municipales, como extorsiones, secuestros y homicidios, que muchas veces se vinculan con la protección o participación de funcionarios corruptos.
El episodio evidencia la infiltración del crimen en las estructuras políticas locales, fenómeno que ha generado preocupación por su impacto en la seguridad y la integridad del tejido institucional en el Estado de México y otras regiones. La condena de esta exalcaldesa representa un paso en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el ámbito político, reforzando la responsabilidad del Estado en gobernar con transparencia y justicia.