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Exalcaldesa de Amanalco recibe 70 años de cárcel por doble homicidio

María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, fue condenada a 70 años por ordenar el asesinato de dos servidores públicos en 2023, en un operativo contra el crimen organizado.

Por Redacción1 min de lectura
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María Elena Martínez Robles fue declarada culpable de ordenar el asesinato de dos servidores públicos en una estrategia para mantener el control político en el municipio del Estado de México.

La exalcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, fue condenada a 70 años de prisión tras ser declarada culpable en un juicio por el homicidio de dos servidores públicos ocurrido el 25 de enero de 2023 en esa comunidad del Estado de México. La sentencia confirma que la entonces presidenta municipal ordenó directamente el crimen, con la finalidad de consolidar su autoridad en la administración local.

La investigación revela que la planificación del doble homicidio ocurrió en el contexto de la operación denominada Enjambre, una estrategia policial dirigida a esclarecer acciones delictivas en la región. Las autoridades determinaron que las víctimas, en ejercicio de sus funciones oficiales, fueron enviadas a una zona de alto riesgo controlada por organizaciones criminales provenientes de Michoacán, lugar donde perdieron la vida.

El Ministerio Público estableció que Martínez Robles coordinó el crimen con integrantes de un grupo criminal, con quienes mantuvo una comunicación telefónica previa a los hechos. En dicha conversación, solicitó la ejecución del síndico municipal, argumentando que su eliminación facilitaría el control del ayuntamiento y la continuidad de sus decisiones políticas. La víctima fue enviada a una reunión en Zacazonapan horas antes de su asesinato.

Este caso refleja una problemática mayor de infiltración del crimen organizado en la política local y el impacto que ello tiene en la seguridad y gobernabilidad en municipios del Estado de México. La sentencia representa un paso importante en la lucha contra la impunidad, además de evidenciar la necesidad de fortalecer mecanismos de protección para servidores públicos.

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