A pesar de prometimientos, el tribunal impone cercos que dificultan la entrada y la realización de peticiones públicas, generando un distanciamiento con la ciudadanía. La sede principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha implementado una serie de medidas de seguridad que restringen significativamente el ingreso de personas ajenas a la institución. Aunque en el acto de toma de protesta su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, expresó la intención de mantenerse abierto y receptivo a la ciudadanía, las acciones en el terreno indican lo contrario. Los accesos al edificio y al metro circundante están cerrados con vallas, y quienes desean presentar documentos o solicitar audiencia deben solicitar permisos especiales a los guardias de seguridad, lo cual no ocurría anteriormente. Estas restricciones han generado malestar entre ciudadanos que, desde hace semanas, intentan protestar o dialogar con los representantes judiciales. Uno de los casos emblemáticos es el de Silvia Castillo, madre de un joven víctima de homicidio, quien fue impedida de acceder con una lona y una bandera de México, obligándola a retirar las protestas para ser recibida después. Además, un grupo de manifestantes que mantiene un plantón permanente para exigir mayor transparencia en la elección de ministros denuncia la falta de disposición de la Corte para dialogar, señalando que las medidas de seguridad evidencian un alejamiento del pueblo. Este cambio en la dinámica de la SCJN coincide con una remodelación en su estructura. La corte, que ahora cuenta con nueve ministros en lugar de once y ha eliminado las salas, busca afrontar sus responsabilidades en un marco de mayor centralización. La integración del nuevo pleno, con mandatos escalonados que varían entre ocho y diecisiete años, representa una transformación en la historia del poder judicial mexicano, en un contexto donde las instituciones enfrentan una percepción de creciente desconexión con la ciudadanía. Es importante analizar cómo est
Miércoles, 13 de mayo de 2026
