El debate sobre la posibilidad de que el máximo tribunal revise sentencias de Salas que fueron eliminadas tras la reforma judicial, con impacto en la estabilidad jurídica del país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha iniciado un proceso de consulta interna para definir si el Pleno actual tiene la facultad de revisar o revocar decisiones dictadas por órganos judiciales que ya dejaron de existir tras una reciente reforma en la estructura del sistema judicial mexicano. Este análisis surge en un contexto en el que las Salas integradas por cinco ministros fueron eliminadas y sustituidas por un sistema de Pleno único, generando dudas sobre la continuidad y validez de ciertos fallos.
El cambio en la organización judicial busca optimizar la administración de justicia, pero también plantea interrogantes sobre los límites y alcances del poder judicial en la revisión de decisiones anteriores. La discusión adquirió relevancia tras una resolución relacionada con el caso de Juana Hilda González, involucrada en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. La Corte ordenó su liberación tras ampararse contra su condena, en una decisión que fue atraída por el propio tribunal superior.
El debate fue impulsado por solicitudes de la Fiscalía General de la República y de la madre de Wallace, quienes buscan que el Pleno revise la resolución adoptada en ese caso. La discusión también involucra la interpretación del principio de cosa juzgada y la independencia judicial, aspectos fundamentales en el sistema legal del país.
Entre 2022 y 2024, la Corte atrajo más de 95 amparos, y en 2025 ya ha sumado 39 casos en diversas materias. La definición sobre si el Pleno puede reevaluar fallos de órganos extinguidos marcará un precedente importante para el futuro del sistema judicial en México, determinando si la máxima instancia puede modificar resoluciones previamente emitidas bajo una estructura reorganizada. La ministra Lenia Batres preparará un proyecto para presentar al Pleno, en busca de una decisión que clarifique estos límites jurídicos.