La nueva legislación busca proteger los recursos hídricos ancestrales y combatir el saqueo del agua en zonas rurales de Durango y México.
Tras la aprobación en el Congreso de la Unión, la nueva Ley de Aguas propone fortalecer los derechos de las comunidades indígenas y campesinas sobre sus recursos hídricos. En Durango, líderes locales celebran esta medida, que busca garantizar el acceso justo y la protección de manantiales tradicionales frente a prácticas ilegales y la privatización del agua.
El legislador Bernabé Aguilar, representante del Grupo Parlamentario de Morena y de la región indígena, destacó la importancia de reconocer el carácter sagrado del agua en sus comunidades. Añadió que la ley facilitará que las comunidades puedan administrar y conservar sus manantiales, evitando el robo y la explotación por terceros, incluso en zonas donde pequeños propietarios han intentado apoderarse del recurso.
Este avance legislativo se enmarca en un contexto donde la protección del agua ha sido una demanda histórica de los pueblos originarios, quienes consideran este recurso fundamental para su supervivencia y cultura. La expectativa es que los efectos positivos de la ley se reflejen en un plazo de uno a dos años, beneficiando especialmente a pequeños productores rurales.
Es relevante contextualizar que, en varias regiones del país, la apropiación ilegal de agua y la privatización han erosionado las fuentes tradicionales y generaron conflictos sociales. La nueva normativa busca revertir estas tendencias mediante un marco legal más inclusivo y sustentable, poniendo en énfasis en la conservación y el uso equitativo de los recursos hídricos.