Durango, Durango. – El reciente y no anunciado aumento en el cobro del impuesto predial en la capital de Durango ha provocado descontento entre los ciudadanos, quienes al intentar cumplir con sus obligaciones fiscales se han encontrado con montos significativamente más altos de lo esperado. Las autoridades municipales argumentan ajustes en el valor catastral y actualizaciones administrativas como justificación para dicho incremento.
Este aumento no solo representa un golpe directo a la economía de las familias, sino que también tiene implicaciones prácticas importantes en la movilidad de los bienes inmuebles. Tener el predial al corriente es un requisito indispensable para realizar trámites como la escrituración, venta o herencia de una propiedad, lo que en muchos casos obliga a los propietarios a enfrentar deudas acumuladas y recargos.
El problema tiende a agravarse con el tiempo, ya que el impuesto predial se acumula anualmente, sumando recargos y actualizaciones por pago atrasado. Deudas que inicialmente podrían parecer manejables se convierten en cargas financieras considerables tras varios años de omisión.
A pesar de la situación, el propio ayuntamiento parece reconocer la dificultad que muchos contribuyentes tienen para cubrir adeudos elevados. Por ello, es común la implementación de programas de descuentos y promociones dirigidos a deudores, especialmente en periodos previos a que las obligaciones fiscales prescriban. Estos esquemas buscan recuperar parte de los ingresos perdidos, ofreciendo reducciones considerables que varían según el tiempo de adeudo.
Un aspecto fundamental que a menudo se omite en la comunicación oficial es que el adeudo del predial prescribe legalmente después de cinco años, según lo establecido en la normatividad fiscal municipal. Si bien la prescripción extingue la obligación de pago, no opera de manera automática; el contribuyente debe solicitarla formalmente ante el gobierno municipal, cumpliendo con los requisitos establecidos. Aun así, la prescripción es un derecho.
Si bien el Ayuntamiento posee las vías legales para intentar el cobro mediante procedimientos administrativos, la facultad de obligar físicamente al contribuyente a pagar es limitada. Los procesos de cobro forzado no son inmediatos y pueden ser impugnados o perder validez con el paso del tiempo.
La forma en que se ha implementado el aumento al predial, sin una comunicación clara y transparente, no solo afecta la economía de los ciudadanos, sino que también expone la falta de información pública sobre los derechos, obligaciones y los límites legales en el cobro de contribuciones municipales. La exigencia de la ciudadanía no es evadir impuestos, sino contar con reglas claras, incrementos justificados y un trato honesto por parte de las autoridades.