Anteriormente, el cálculo del gravamen se basaba en el valor proporcional de la propiedad y una tasa fija, sin mayores variaciones si no se realizaban adiciones o modificaciones a la construcción. Sin embargo, el nuevo esquema implementado aplica una tabla de rangos que incluye una cuota fija más un porcentaje adicional, elevando significativamente el pago, incluso para propiedades que no han sido remodeladas.
El abogado Antonio Bracho ha señalado que esta reforma clasifica a los contribuyentes de manera discriminatoria, basándose únicamente en el valor catastral de su vivienda, lo cual, a su parecer, vulnera el principio constitucional de equidad tributaria. Bracho destacó que existen mecanismos de defensa legal para los ciudadanos afectados por lo que considera un “abuso de autoridad”.
Las quejas comenzaron a surgir desde el 2 de enero, cuando los ciudadanos acudieron a realizar sus pagos y se encontraron con incrementos que van del 30 al 180 por ciento. Se han reportado casos como el de un contribuyente en el fraccionamiento Domingo Arrieta, cuyo pago pasó de 3 mil 236 pesos en 2025 a más de 7 mil pesos este año. En el centro histórico, un inmueble que pagó 43 mil pesos en 2025, ahora debe desembolsar 84 mil pesos, y otro similar pasó de poco más de 13 mil a más de 25 mil pesos.
Otros ejemplos incluyen una vivienda cercana al Parque Guadiana, cuyo impuesto subió de 3 mil 700 pesos a 8 mil 600 pesos anuales.
Hasta el momento, no se ha emitido una explicación oficial formal por parte de las autoridades municipales o estatales. No obstante, a los contribuyentes inconformes se les ha informado que los aumentos se deben a ajustes en el valor catastral de las propiedades en ciertas zonas de la ciudad, especialmente en el centro histórico.
Bracho, especialista jurídico, calificó el nuevo enfoque como “confiscatorio”, ya que presume que el valor de una propiedad refleja directamente la riqueza del dueño, sin considerar la liquidez real del contribuyente. Advirtió que esto afecta a jubilados o herederos con propiedades de alto valor catastral pero ingresos limitados, obligándolos a pagar impuestos prediales mucho más elevados de lo que históricamente estaban acostumbrados.
El abogado considera que se trata de un sistema “clasista y arbitrario” que penaliza incluso a quienes recién adquirieron vivienda. Ante esta situación, Bracho explicó que los ciudadanos tienen la opción de interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa en un plazo de 30 días después del pago, o recurrir al amparo federal para que un juez determine la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos.
Sin embargo, Bracho enfatizó la necesidad de una solución política: “La propuesta es clara: dar marcha atrás a la reforma, derogar las tablas progresivas del artículo 14 y regresar al método de tasa fija.” Instó al cabildo a “humanizar la ley” y advirtió que de no corregirse el esquema, podría incrementarse la presión social y la morosidad, afectando las finanzas municipales y la economía familiar.