Legislador exhorta a Javier May a presentar la solicitud en medio de tensiones políticas en México
El diputado del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, hizo un llamado formal al senador Javier May, actual gobernador de Tabasco y militante de Morena, para que presente una solicitud de desafuero en contra de Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena. La petición se produce en un contexto de fuerte tensión política y judicial, donde los actores políticos enfrentan acusaciones y procesos legales que podrían tener impacto en el escenario nacional.
Martínez Cázares expresó de manera respetuosa su exhorto, recordando que Javier May fue su compañero senador y que conoce bien la situación. Además, insinuó que las intenciones de presentar el desafuero podrían estar impulsadas por intereses políticos internos, en particular por parte del secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador. El legislador sugirió que, si desean, May puede presentar formalmente la solicitud, dejando en evidencia la posibilidad de que esta acción sea una estrategia para presionar al actual coordinador de Morena en el Senado.
El diputado panista agregó que, en caso de concretarse la solicitud, el proceso se tratará con la misma rigurosidad que otros casos destacados en la política mexicana. Mencionó ejemplos recientes como la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, o contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos. Martínez Cázares afirmó que los procedimientos se aplicarían con igualdad, sin importar la filiación política de los involucrados, asegurando que “se tratará con la misma vara en este asunto de ‘Alito’ como de Cuauhtémoc, o como uno del PAN, o de Movimiento Ciudadano”.
El trasfondo del posible desafuero de Adán Augusto López está vinculado a investigaciones relacionadas con hechos ocurridos durante su gestión como gobernador de Tabasco. En julio pasado, se hizo pública una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado, por su presunta participación en actividades delictivas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación, específicamente con la célula delictiva conocida como La Barredora. Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad durante el mandato de López Hernández, lo que ha generado sospechas y debates sobre la posible responsabilidad del mandatario en la protección o conocimiento de dichas actividades ilícitas.
La situación se complicó aún más al conocerse que Hernán Bermúdez Requena, apodado ‘Comandante H’, fue señalado por las autoridades como el líder de La Barredora. La investigación apunta a que, durante el gobierno de López Hernández, se habrían presentado vínculos y posibles omisiones en materia de seguridad. López Hernández ha declarado públicamente que nunca tuvo conocimiento de las acciones ilícitas de Bermúdez Requena y que, durante su administración, Tabasco mantuvo índices de seguridad adecuados, lo cual ha sido cuestionado por la oposición y diferentes sectores políticos.
El caso ha puesto en jaque la figura de López Hernández, quien, pese a contar con el respaldo de su partido, enfrenta una creciente presión política y mediática. La oposición ha señalado que el proceso judicial en curso busca responsabilizar al actual coordinador de Morena y, en un contexto más amplio, cuestiona la gestión del actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Además del caso de López Hernández, otros dos políticos en la mira por posibles procedimientos de desafuero son Alejandro Moreno Cárdenas y Cuauhtémoc Blanco Bravo. El primero, líder del Partido Revolucionario Institucional, enfrenta una solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, relacionada con un presunto desvío de 83.5 millones de pesos durante su administración en la entidad entre 2015 y 2019. Este proceso judicial se reactivó tras una anterior demanda en 2022, que fue desestimada por un amparo debido a las pruebas obtenidas en un cateo considerado inconstitucional.
Por su parte, Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual exgobernador de Morelos, también fue objeto de una solicitud de desafuero en marzo pasado, presentada por la Fiscalía General de Justicia del Estado. La acusación apunta a una presunta violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola Blanco. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, con la mayoría de votos en su contra, en una decisión que mantiene su situación jurídica en el estado actual.
Estos casos reflejan el complejo escenario judicial y político que atraviesa México, donde las solicitudes de desafuero se convierten en instrumentos de confrontación y en una forma de señalar posibles irregularidades en el ejercicio del poder público. La próxima sesión del Congreso será crucial para definir el rumbo de estas investigaciones y evaluar si se procederá con acciones legales contra estos políticos, en un contexto donde la justicia y la política se entrelazan de forma cada vez más estrecha.