La omisión en vacunación, desazolves y seguridad alertan sobre el riesgo para los niños mexicanos
La falta de acciones eficaces por parte del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en riesgo la vida y la integridad de los menores de edad en México. Entre las principales problemáticas destacan la suspensión en la compra y aplicación de vacunas del cuadro básico, las inundaciones provocadas por el desazolve insuficiente en la Ciudad de México y el incremento de la violencia que afecta a la población juvenil.
La irresponsabilidad en la adquisición de vacunas ha dejado a millones de niños expuestos a enfermedades que, en décadas, se creían controladas. La decisión de no destinar recursos para el programa de inmunización representa un crimen que podría tener consecuencias mortales para la infancia mexicana. Paralelamente, la omisión en el mantenimiento del sistema de drenaje en la capital provocó inundaciones que, en días recientes, fueron las peores en medio siglo, favoreciendo el surgimiento de epidemias y complicaciones sanitarias entre los menores.
En cuanto a la seguridad, las estadísticas oficiales revelan que la principal causa de muerte entre personas de 12 a 24 años en México es el homicidio. Casos recientes, como el secuestro y asesinato de un niño de cinco años en el Estado de México por una deuda de mil pesos, o el asesinato de un joven médico en Veracruz por viajar en un vehículo nuevo, ejemplifican la gravedad de la situación. Además, un ataque armado en el Estado de México dejó una niña de 10 años fallecida, sin que las autoridades o la sociedad muestren una respuesta adecuada.
El domingo pasado, cientos de ciudadanos marcharon en la Ciudad de México para exigir medicamentos para niños con cáncer. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la protesta, mientras que la sociedad y los medios de comunicación la ignoraron, evidenciando el desdén social hacia estos temas. La decisión de no comprar vacunas básicas y la falta de inversión en infraestructura sanitaria revela una política que prioriza el ahorro sobre la protección de la infancia.
Este conjunto de negligencias y decisiones irresponsables evidencian un patrón de omisión que pone en peligro a la población infantil. La cancelación de programas esenciales y la inacción frente a crisis sanitarias y de seguridad muestran un gobierno que, en la práctica, solapa las atrocidades contra los menores y contribuye a un escenario de violencia y negligencia.
Frente a estos hechos, surge la pregunta: ¿quién pagará por estos crímenes de lesa humanidad? La respuesta es clara: la sociedad mexicana enfrenta una crisis profunda que requiere acciones inmediatas y responsables por parte de las autoridades.