Autoridades federales emitieron orden de captura contra Ruffo Appel por su presunta participación en tráfico ilegal de combustible en el estado de Coahuila, involucrando empresas y conexiones con crimen organizado.
Recientemente, las investigaciones federales revelaron vínculos entre el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y actividades ilícitas relacionadas con el huachicol fiscal en Coahuila. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificó que Ruffo Appel participa como accionista en la empresa Ingemar S.A. de C.V., involucrada en la falsificación de documentos para ingresar combustible de procedencia ilícita al país.
El pasado 7 de julio, un operativo sin precedentes en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo decomisó más de 15 millones de litros de gasolina robada, asegurando 129 ferrotanques. Este decomiso representa el mayor en la administración de la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo y evidencia la magnitud del problema de huachicol en la región.
Las investigaciones también vinculan estas actividades con actores del crimen organizado, particularmente con Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como El Mono, exlavador de dinero de los Zetas. Ambos detalles subrayan cómo el tráfico de combustible ilícito se ha convertido en una red compleja que involucra diversas figuras y empresas.
Hasta ahora, Ernesto Ruffo no ha emitido declaraciones públicas respecto a su implicación. La orden de arresto activa contra él busca esclarecer su papel en el entramado de delitos relacionados con el robo de combustible, uno de los desafíos más persistentes en la seguridad pública del país.
El exmandatario, que gobernó Baja California entre 1989 y 1995, ha sido considerado una figura clave en la política regional, pero ahora enfrenta acusaciones vinculadas a una problemática que afecta los recursos públicos y la seguridad nacional.