Tania Flores enfrenta proceso legal por presuntos delitos de corrupción, tras solicitar ser presentada en Saltillo en lugar de Sabinas; su caso se enmarca en la lucha contra la impunidad en Coahuila.
Una ex alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, deberá acudir cada mes a un juzgado en Saltillo tras ser sometida a medidas cautelares, en medio de una investigación por posibles actos de corrupción durante su gestión. La orden judicial fue emitida después de que Flores Guerra solicitara expresamente que su proceso judicial se llevase en la capital de Coahuila, en busca de mayor impacto mediático.
Este movimiento implica que la ex alcaldesa, que ha estado envuelta en varias polémicas, no está detenida actualmente, sino que fue presentada por la Fiscalía ante el juez de Saltillo tras su negativa a comparecer voluntariamente. La fiscalía, a cargo de Federico Fernández, explicó que la orden de presentación no equivale a una orden de arresto, sino a una medida para garantizar su presencia judicial y evitar su fuga. El proceso continuará en una ruta jurídica prolongada, que determinará su eventual vinculación a proceso.
Ante los medios, el gobernador Manolo Jiménez Salinas enfatizó la máxima de que en Coahuila nadie está por encima de la ley, haciendo alusión al caso del dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Edgar Rodríguez Ortiz, conocido como “El Limones”, quien actualmente enfrenta procesos judiciales por vinculación con actividades ilícitas. La referencia busca reforzar el compromiso del estado con la justicia y la lucha contra la corrupción en todos los niveles.
En el curso del proceso, además, un juez de Sabinas vinculó a proceso a Víctor “N”, ex tesorero del Ayuntamiento de Múzquiz durante la administración de Flores Guerra, por delitos relacionados con ejercicio indebido de funciones públicas. La autoridad judicial consideró suficiente evidencia para continuar con la investigación, y por ahora el ex tesorero permanecerá bajo vigilancia con un grillete electrónico en su domicilio.
Este caso refleja la creciente tendencia en Coahuila de fortalecer los mecanismos jurídicos para investigar y sancionar posibles actos de corrupción, enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley en el estado.