La justicia federal ratifica la acusación contra el exgobernador de Chihuahua por presunto lavado de fondos públicos, reforzando la lucha contra la corrupción en la región.
Una jueza federal ha determinado formalmente el inicio del proceso penal en contra de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por presuntos vínculos con delitos de lavado de dinero y desviación de recursos públicos durante su gestión. La resolución, emitida por la jueza María Jazmín Ambriz López, se basa en evidencias que sustentan la existencia de operaciones financieras con fondos ilegales por un monto cercano a los 75 millones de pesos.
La Fiscalía General de la República confirmó que, entre 2011 y 2014, se transfirieron más de 96 millones de pesos desde el gobierno estatal hacia dos empresas relacionadas con Duarte, en las que era accionista mayoritario — Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM. De ese total, casi 74 millones fueron lavados mediante diversas operaciones financieras, dispersando los fondos para encubrir su origen ilícito y transferirlos a diferentes cuentas y propiedades del exfuncionario y su familia.
Este caso resalta la persistente lucha contra la corrupción en México, en un contexto donde las autoridades buscan fortalecer la transparencia y sancionar a quienes han abusado de su poder para obtener beneficios personales. La judicialización de casos como el de Duarte refleja el compromiso del sistema judicial por hacer frente a delitos relacionados con recursos públicos y promover la rendición de cuentas.
El proceso también incluye la disposición de prisión preventiva contra Duarte, asegurando que permanezca bajo vigilancia durante el desarrollo del proceso legal. La investigación se enmarca en esfuerzos más amplios para prevenir y sancionar la corrupción en la administración pública mexicana, que sigue siendo un desafío pendiente para las instituciones del país.
Como antecedentes, la fiscalización de fondos públicos en México ha ganado mayor relevancia en los últimos años, en un contexto donde la percepción ciudadana sobre la impunidad y la corrupción ha llevado a una mayor exigencia por justicia y transparencia en la gestión pública.