El legislador señala que la nueva ley valida las denuncias contra irregularidades hídricas y critica el uso político del recurso en su estado.
Una vez aprobada, la Ley de Aguas en México representa un avance significativo en la defensa del recurso hídrico en el país. El senador por Chihuahua, quién previamente ocupó un cargo en la delegación de Bienestar, expresó que esta normativa confirma las denuncias que realizó sobre irregularidades en el manejo y distribución del agua en su estado. Además, afirmó que, tras años de conflictos y tensiones, la ley demuestra que las acciones que llevaron a enfrentamientos como el ocurrido en La Boquilla en 2020 estaban justificadas.
Es importante entender que la gestión del agua en Chihuahua ha sido motivo de controversia, ya que en el pasado se denunciaron prácticas que favorecían el acaparamiento por parte de ciertos grupos políticos y económicos. La creación de lagos artificiales y la presunta red de tráfico de influencias, incluyendo las acciones del ex funcionario César Duarte y el delegado de Conagua, forman parte de un contexto en el que la distribución de agua ha sido utilizada como herramienta política. Esta problemática refleja cómo en diversas regiones del país, la disponibilidad de agua puede ser manipulada para obtener ventajas políticas o económicas, afectando a comunidades vulnerables y a la soberanía hídrica.
La aprobación de la ley marca un paso hacia una gestión más transparente y justa del recurso, pero también invita a una revisión profunda de las prácticas pasadas y de las estructuras que han contribuido a su escasez y desigualdad. La lucha por garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental sigue en curso y requiere una participación activa de todos los sectores involucrados.