Chihuahua, Chihuahua. – El Gobierno del Estado de Chihuahua se encuentra en proceso de concluir la renovación integral de su sistema administrativo y contable para Pensiones Civiles del Estado (PCE). Esta iniciativa busca subsanar las inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la Cuenta Pública 2024, especialmente en lo referente a un adeudo de más de 4 mil 257 millones de pesos que involucra a la Secretaría de Hacienda.
El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, explicó que la discrepancia señalada por la ASE se originó por diferencias en la presentación de la información contable entre ambas dependencias. Aclaró que, si bien la Secretaría de Hacienda no registra cuentas por pagar a Pensiones Civiles, esta última sí reporta un adeudo significativo basado en oficios de liquidación de cobro, lo que generó confusión en los registros financieros.
La ASE identificó que los saldos acumulados en las cuentas por pagar de Hacienda no coincidían con las cuentas por cobrar de Pensiones Civiles, evidenciando la necesidad de unificar y clarificar los registros contables. Para abordar esta situación, el nuevo sistema informático de administración, cuya implementación se completará este año, permitirá mejorar la precisión y confiabilidad de los estados financieros, facilitando la identificación clara de los adeudos, responsables y su registro.
Paralelamente, se han fortalecido los esfuerzos para la recuperación de adeudos a favor de Pensiones Civiles, como un reciente abono cercano a los 90 millones de pesos por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, lo que contribuye a la mejora financiera del organismo.
El secretario Granillo Vázquez también detalló que el déficit de Pensiones Civiles tiene una naturaleza actuarial, resultado de la disminución de trabajadores activos y el aumento de pensionados, lo que requiere subsidios extraordinarios por parte del Estado. Actualmente, la Secretaría de Hacienda destina aproximadamente 8 mil millones de pesos anuales para garantizar la operación y el pago de pensiones, una cifra que se proyecta ligeramente al alza para 2026 debido a la inflación. Se estima que este esquema de subsidio deberá mantenerse por al menos los próximos 14 años para asegurar la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de las obligaciones con los pensionados.