La actualización normativa busca acabar con prácticas ilegales en distribución de agua y mejorar la regulación en todo el país.
La propuesta de modificación a la Ley de Aguas Nacionales busca eliminar las prácticas ilícitas que han favorecido la proliferación de un mercado negro de concesiones y derechos de agua en México. La iniciativa, actualmente en discusión en el legislativo, pretende sustituir figuras basadas en el régimen neoliberal, como la transmisión de volumen y derechos, por un sistema que promueva el acceso responsable y transparente al recurso hídrico.
La eliminación de estas figuras permitirá que los usuarios interesados en adquirir ciertos volúmenes de agua puedan gestionar permisos de forma directa y oficial a través de la Comisión Nacional del Agua, reforzando así la gobernabilidad. Además, esta reforma no solo impactará la región de Chihuahua, sino que busca fortalecer la regulación en todo el territorio nacional, donde las prácticas de compra y venta de concesiones han generado desigualdad y deficiencias en el control del recurso.
En este contexto, expertos consideran fundamental la actualización legal para prevenir el aprovechamiento del agua con fines especulativos y preservar la sustentabilidad del recurso, especialmente ante la creciente demanda agrícola y urbanística. La ley también apunta a proporcionar mayor claridad y seguridad jurídica a productores y usuarios, evitando confusiones que puedan favorecer usos ilegales o desinformación.
Autoridades recalcan que la reforma está diseñada para fortalecer la gestión del agua, sin afectar a los productores que cumplen con los requisitos legales, y hacen un llamado a los sectores implicados a acudir a Conagua para aclarar dudas y comprender los beneficios de estos cambios.