La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra en el centro de una controversia por la supuesta persecución política que enfrenta, lo que pone de relieve las irregularidades dentro de la administración actual. A pesar de haber liderado esfuerzos para combatir el crimen organizado en su estado, ahora deberá afrontar una cita ante el Ministerio Público.
En la otra cara de la moneda está Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, quien parece recibir un trato preferencial. Mientras Campos es acusada de poner en riesgo la soberanía nacional por la colaboración con agencias de EE. UU. en la lucha contra las drogas, la respuesta del gobierno hacia Rocha ha sido más complaciente.
Este doble rasero se vuelve evidente al comparar los tratamientos que reciben ambas autoridades. Mientras Campos es objeto de una feroz persecución por sus acciones contra el narco, Rocha Moya es llamado a una simple "entrevista". Los mensajes que envían ambos casos son alarmantes para aquellos que buscan justicia imparcial.
Recientemente, el descubrimiento de un gran laboratorio de drogas sintéticas en Chihuahua, en el que participaron tanto la DEA como la policía local, fue ignorado por el Palacio Nacional, que optó más bien por actuar en contra de la gobernadora. Esto apunta a un intento del gobierno de disuadir la gestión eficaz de Campos, quien se perfila como una potencial candidata presidencial para 2030.
El hecho de que la Fiscalía General de la República cite a comparecer a Campos, mientras a Rocha Moya se le solicita una entrevista, ilustra la disparidad en el enfoque de la justicia. Estas acciones alimentan la percepción de que el gobierno actual prefiere proteger a sus aliados, dejando en evidencia la falta de imparcialidad en el tratamiento de los casos.
Con información de zocalo.com.mx