Legisladores y expertos advierten sobre cambios que limitarían derechos de usuarios y centralizarían control del recurso hídrico en el país.
Recientes cambios en la legislación hídrica de México están generando debate en distintos sectores del país. La propuesta contempla la eliminación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y su reemplazo por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), una estructura que centralizaría las decisiones sobre el uso y gestión del recurso.
Uno de los aspectos más controversiales es la transformación de las concesiones en permisos temporales, susceptibles a ser revocados en cualquier momento por el gobierno, lo que abre la puerta a un mayor control administrativo y posibles arbitrariedades. Además, otra modificación relevante restringe la transmisión de concesiones de pozos agrícolas, limitando la posibilidad de vender predios que incluyen derechos de extracción de agua, situación que afecta particularmente a zonas rurales y agrícolas.
Especialistas y legisladores advierten que tales reformas podrían reducir los derechos de los particulares y profundizar la problemática de la sequía en regiones como Chihuahua, donde el uso de pozos ha sido una estrategia clave para mitigar los efectos de la escasez hídrica. En este contexto, algunos legisladores han expresado su oposición a los cambios en tribuna, insistiendo en que es fundamental dialogar y construir un marco legal que beneficie a todo el país.
Recientemente, diversos actores políticos y organizaciones civiles se han reunido en foros públicos, como el organizado en la Cámara Nacional de Comercio en Chihuahua, con el fin de analizar y evaluar las implicaciones de la ley. La colaboración entre los diferentes niveles de gobierno será clave para diseñar una normativa que proteja los derechos de los usuarios y garantice la gestión eficiente del agua en México.