El exgobernador busca protección judicial ante investigaciones por presunto peculado, mientras goza de fuero constitucional como senador.
El 13 de noviembre de 2025, un tribunal federal rechazó la solicitud de suspensión definitiva presentada por Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, quien procuraba evitar acciones legales relacionadas con una investigación por presunto peculado. La demanda fue impulsada en agosto de ese mismo año ante un juzgado en la Ciudad de México, luego de que en 2024 recibiera una suspensión provisional que lo protegía de arrestos mientras se resolvía su petición.
Corral actualmente ejerce como senador de la República, lo cual le proporciona un fuero que le confiere protección legal adicional contra posibles sanciones o detenciones de carácter penal. La investigación en su contra por el desvío de aproximadamente 98.6 millones de pesos ha generado polémica en la política local y nacional, ya que la fiscalía del estado de Chihuahua busca esclarecer posibles irregularidades en su gestión como mandatario.
Es importante destacar que durante los procesos judiciales, los exfuncionarios que ocupan cargos legislativos siguen gozando de protección constitucional, lo que puede influir en la dinámica de las investigaciones y los procedimientos legales. La resolución refuerza la complejidad del caso, en el que los ámbitos judicial y político se entrelazan, y evidencia las diferentes etapas legales que enfrentan los actores políticos en México en casos de presuntas corrupción.
Este fallo representa un paso más en la pugna por esclarecer las acusaciones civiles y penales contra figuras públicas, en un contexto donde la transparencia y el combate a la corrupción son temas prioritarios en la agenda nacional.
