El Tribunal Superior de Justicia implementará atención en calles y apoyos sociales, mientras que el municipio aborda abusos en estacionamientos y preventas inmobiliarias.
Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y ofrecer servicios más accesibles, el Tribunal Superior de Justicia anunciará la implementación de una iniciativa de justicia itinerante. En el marco de la celebración por los 200 años del órgano judicial, se entregará una unidad móvil a la Defensoría Pública, que será estrenada en El Porvenir para acercar abogados y defensores a las comunidades. Esta estrategia busca facilitar la atención legal, especialmente en zonas periféricas, y cumplir con la promesa de quienes en campaña prometieron una justicia más cercana y eficiente. Además, personal del programa Soy Legal, compuesto por magistrados y abogados especializados, visitará instituciones educativas para ofrecer pláticas preventivas a los jóvenes, con el objetivo de reducir conductas delictivas y promover la cultura de la legalidad.
En otra área, la Administración municipal de Chihuahua trabaja en una reforma para controlar los abusos en estacionamientos comerciales y residenciales. Tras atender las quejas de vecinos en San Felipe, las autoridades se comprometen a inspeccionar establecimientos como cafés y tiendas para verificar el cumplimiento de los requisitos de espacio de estacionamiento, buscando disminuir las molestias generadas por autos mal estacionados en zonas habitadas. La medida forma parte de una estrategia integral que combina inspecciones y posibles reformas para mejorar la movilidad urbana y proteger la convivencia vecinal.
Por otro lado, en el ámbito inmobiliario, el Ayuntamiento de Chihuahua prepara una reforma que busca prevenir fraudes en la venta de propiedades. La iniciativa, que se presentará como un exhorto a los legisladores, pretende regular las preventas y prevenir casos en los que inmobiliarias venden proyectos no aprobados o sin certeza jurídica. Este esfuerzo surge tras antecedentes de problemas con proyectos como Torre Zahara y Vitas Tower, y busca proteger a los vecinos de potenciales estafas y prácticas engañosas en el sector.
Este conjunto de acciones refleja un interés por mejorar la administración de justicia, la movilidad urbana y la protección del patrimonio de los ciudadanos. La coordinación entre diferentes niveles de gobierno resulta clave para afrontar estos retos y fortalecer la confianza social.