Chihuahua, Chihuahua. – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua ha iniciado cuatro acciones legales de alto impacto como resultado de la fiscalización de su Cuenta Pública 2024. Estas acciones incluyen tres denuncias penales contra particulares por el presunto uso de documentación falsa y un procedimiento administrativo sancionatorio en materia de obra pública por un monto de 1.97 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) revisó el 100% de 108 contratos celebrados por la JMAS durante 2024. Se identificaron tres casos en los que proveedores presentaron opiniones de cumplimiento fiscal del SAT con inconsistencias graves. Esto llevó a la presentación de denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto fraude procesal.
Los casos de denuncia penal involucran a Impulsa Ingeniería, S.A. de C.V., Francisco José Álvarez Ituarte y Rafael Adrián Manzo Hernández. Las irregularidades detectadas en sus contratos, que suman aproximadamente 1 millón 874 mil pesos, se relacionan con la presentación de códigos QR inválidos o inconsistentes en sus opiniones de cumplimiento fiscal, impidiendo la validación de su autenticidad ante el SAT.
Adicionalmente, se interpuso una acción legal de carácter administrativo contra la empresa Constructora FIGOSA, S.A. de C.V. por la falta de amortización total de un anticipo en trabajos de reposición de pavimento. Aunque la empresa ha realizado reintegros parciales, aún resta por recuperar 90 mil 754 pesos, más intereses correspondientes, lo que derivó en la promoción de una responsabilidad administrativa sancionatoria.
La JMAS Chihuahua argumentó en su defensa que la presentación de documentos fiscales falsos por parte de los proveedores es ajena al organismo, el cual opera bajo un principio de buena fe. Respecto al caso de obra pública, señaló que las gestiones para exigir la devolución del anticipo se iniciaron una vez que el proceso de auditoría estatal ya estaba en curso.
En resumen, la Cuenta Pública 2024 de la JMAS Chihuahua concluyó con tres denuncias penales contra particulares y un procedimiento administrativo por recursos públicos pendientes de recuperar, sumando un total de cuatro acciones legales relevantes derivadas del proceso de fiscalización estatal.