María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, fue convocada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido a una denuncia relacionada con un intento de secuestro presentado por Javier Corral. La mandataria aseveró que estas acciones son parte de una persecución política en su contra.
El conflictivo evento se originó el 14 de agosto de 2024, cuando Javier Corral se encontraba en un restaurante de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc. En ese momento, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua llegó con una orden de aprehensión contra él por delitos de peculado y corrupción. Dicha orden fue emitida en el contexto de su gestión como gobernador de 2016 a 2021.
A pesar de la presencia de las autoridades chihuahuenses, Corral no fue detenido, ya que las autoridades de la Ciudad de México intervinieron para evitar su arresto. Ulises Lara, entonces encargado de la fiscalía capitalina, argumentó que no tenían autorización para proceder. Corral, quien sostiene que no ha cometido ningún delito, considera que la acción en su contra fue ilegal y abusiva, señalando que las detenciones fuera de la jurisdicción correspondiente carecen de validez legal.
En respuesta a los citatorios y el clima de presión, Campos declaró que todo el aparato de poder federal se ha activado en su contra sin fundamento. Afirmó que la citación es inconstitucional y que intenta reabrir un caso ya cerrado. Además, destacó la relación de Corral con un individuo señalado por Estados Unidos de trabajar para el Cártel de Sinaloa, vinculando las acusaciones a un patrón de ataques coordinados en su contra.
La Fiscalía de la Ciudad de México ha concluido que no existen delitos que perseguir en el caso de Corral, validando que la denuncia consta de un recurso legal en su contra y no un cargo directo hacia Campos. La gobernadora se comprometió a continuar su labor en el estado y a no ceder ante las amenazas de los sistemas de justicia.
Con información de milenio.com