El exgobernador de Chihuahua espera resolución favorable ante la evidencia de irregularidades en la reestructura de la deuda estatal, vinculadas a su administración.
El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, se encuentra en proceso de solicitar que un juez federal atraiga un caso en su contra relacionado con la reestructura de la deuda pública del estado. Este movimiento surge en medio de una serie de resoluciones judiciales favorables que garantizan su derecho a esclarecer las acusaciones y someterse a un proceso justo. Corral ha señalado que la intención no es solo demostrar su inocencia, sino también tomar acciones legales contra quienes considerados fabricaron las acusaciones en su contra, las cuales reprocha por su origen político.
Desde que el caso fue activado, en agosto de 2024, autoridades estatales y federales han estado en desacuerdo respecto a la jurisdicción y las acciones legales. En ese momento, elementos de la Fiscalía Anticorrupción intentaron arrestar al exgobernador en la Ciudad de México, pero la fiscalía capitalina se negó a autorizar la operación, alegando que no correspondía a sus competencias. Corral ha expresado que el fuero que mantiene como senador limita y congela el avance de los procedimientos, sugiriendo una reforma que permita mayor agilidad en la justicia.
En paralelo, obras públicas y otros proyectos del gobierno anterior se financiaron con recursos que, según investigaciones oficiales, fueron desviados por una contratación supuestamente irregular del despacho López-Elías Finanzas Públicas S.C. en 2019. La Fiscalía estatal presentó órdenes de aprehensión contra Corral y su exsecretario de Hacienda por estos hechos, que generan una serie de debates sobre la gestión y transparencia en el uso de recursos públicos en Chihuahua.
Como contexto adicional, la reestructura de la deuda fue considerada por Corral como una estrategia efectiva de su administración para gestionar los compromisos financieros, lo que le permitió realizar obras y servicios en beneficio de la población. Sin embargo, las acusaciones y procesos judiciales en su contra reflejan la complejidad del combate a la corrupción y la rendición de cuentas en las administraciones estatales mexicanas, sumando tensión a la dinámica política local y nacional.