La crisis humanitaria en Chihuahua se intensifica. Familias de la Sierra Tarahumara, como la de una niña de 12 años, han sido desplazadas a Parral debido a la violencia del crimen organizado. Desde 2021, el número de desplazados ha aumentado de 500 a 1,500 personas, mientras la impunidad persiste con 60 investigaciones abiertas.
Organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Red TDT y la Acnur, realizaron una misión civil de observación entre el 26 y el 29 de mayo. Entrevistaron a 200 desplazados de municipios como Guadalupe y Calvo y Badiraguato, quienes buscan refugio en ciudades como Parral y Delicias, enfrentando un nuevo entorno lleno de hostilidad.
Los niños son los más afectados, pues la violencia altera su vida cotidiana. Estos menores, en lugar de disfrutar de un desarrollo normal, enfrentan el trauma del desplazamiento, el rechazo escolar y la tristeza de sus padres al perder sus raíces. Las familias añoran la vida tranquila que llevaban, donde producían sus alimentos y vivían en comunidad.
Los grupos delictivos operan en la región, despojando a las comunidades de sus tierras y derechos. Muchas veces, los habitantes son amenazados o enfrentan balaceras y el uso de drones para aterrorizar a los civiles. La falta de respuesta efectiva del Estado agrava la situación, mientras las autoridades locales parecen estar coludidas con estos grupos.
El apoyo recibido por parte de instituciones es insuficiente. Organizaciones civiles son las primeras en atender a los desplazados, pero la falta de coordinación con el gobierno limita la ayuda brindada, y las demandas de las víctimas no están siendo atendidas adecuadamente. Es crucial establecer un diálogo en el que los distintos niveles de gobierno participen activamente para garantizar el regreso dignificado de quienes han sido forzados a abandonar sus hogares.
Con información de dossierpolitico.com