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Chihuahua

Gobierno Federal y Estatal refuerzan apoyo a pueblos originarios en Chihuahua

Gobierno de Chihuahua y federal firman decreto para devolver tierras a comunidades ódami, reforzando apoyo y justicia social en la Sierra Tarahumara.

Por Redacción1 min de lectura
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Participación en firma de decreto para devolver tierras a comunidades ódami en Guadalupe y Calvo, fortaleciendo la colaboración en asuntos de justicia social y desarrollo.

En un acto importante en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, se realizó la firma del decreto presidencial para la restitución de tierras a las comunidades ódami. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, resaltó el compromiso del gobierno local en atender el rezago histórico que enfrentan los pueblos originarios, especialmente en la Sierra Tarahumara.

Durante la ceremonia, se destacó el incremento en las inversiones públicas en vivienda, atención médica y programas de nutrición, orientados a mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Entre las iniciativas, el programa “Juntos por la Sierra Tarahumara” ha jugado un papel crucial, especialmente en la atención a emergencias provocadas por una sequía severa que ha sido la más grave en los últimos cinco años en el estado.

Este proceso de restitución de tierras es un paso hacia la justicia y el reconocimiento de las culturas originarias en la región, reafirmando la voluntad de promover la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. La colaboración entre los niveles de gobierno busca potenciar avances en temas sociales y territoriales, en un contexto donde la interlocución y la cooperación son esenciales para afrontar los retos históricos del territorio.

Contextualmente, la recuperación de tierras y el apoyo a los pueblos originarios han sido temas centrales en la agenda de gobierno a nivel nacional y estatal, dada la importancia de fortalecer la identidad y autonomía de las comunidades indígenas en México, así como su participación en el desarrollo del país.

La relación entre los gobiernos federal y estatal refleja una estrategia conjunta para ampliar derechos y recursos, buscando consolidar un esquema de políticas públicas que priorice la justicia social en zonas con altos rezagos.

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