La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, presentó un escrito en el que expresa su decisión de no ofrecer información durante su comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Según la fiscalía, su inmunidad no limita la obligación de colaborar en investigaciones sobre la entrada de agentes estadounidenses en México.
Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, aclaró que el propósito de la comparecencia era obtener testimonios que pudieran aclarar los hechos relacionados con un operativo antidrogas en la Sierra del Pinal. Indicó que ya se han hecho avances, como la desmantelación de un laboratorio de drogas en Chihuahua.
La mandataria panista denunció que su citación fue un intento de persecución política por parte del gobierno federal. En sus declaraciones, Campos sostiene que esta acción busca incapacitarla legalmente, y asegura que no ha sido formalmente acusada de ningún delito. Afirmó que su administración ha combatido el crimen organizado y que su colaboración con la FGR ha sido constante.
Desde Estados Unidos, cinco funcionarios de Sinaloa, incluidos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador con licencia Enrique Inzunza, se han presentado ante la FGR en el marco de la misma investigación. Estos funcionarios están bajo sospecha por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, destacando el impacto de las acusaciones en la política y la seguridad de la región.
La situación actual continúa generando tensión entre el gobierno estatal y federal, con Campos insistiendo en la defensa de su gestión y la protección de sus derechos constitucionales. El proceso avanza mientras la FGR sigue recopilando información relevante sobre la operación y los agentes involucrados.
Con información de milenio.com