Un comité técnico revela facturación doble y posibles desvíos por 2.7 millones de pesos en fondos destinados a programas de participación ciudadana.
El 8 de diciembre de 2025, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) en Chihuahua interpuso una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado, por presuntos delitos de fraude relacionados con una Organización de la Sociedad Civil (OSC) encargada de gestionar proyectos de la Red de Cohesión y Participación Social, A.C.
El análisis de facturación realizado entre noviembre de 2024 y julio de 2025 evidenció la existencia de 372 facturas con folios, claves fiscales y conceptos idénticos, que fueron cobradas hasta en tres ocasiones distintas por diferentes financiadores. Este irregularidad representa un daño patrimonial cercano a los 2.7 millones de pesos, fondos que provinieron principalmente de recursos del sector empresarial derivados de la sobretasa al Impuesto Sobre Nómina (ISN).
Entre las anomalías detectadas, figuran pagos duplicados por honorarios de personal externo y contratos de jornadas laborales que, en realidad, fueron pagados doble o como si fuera jornada completa cuando en realidad correspondían a horarios parciales. La organización solicitada al OSC la presentación de comprobantes detallados de egresos y registros contables, sin recibir hasta ahora una respuesta clara o suficiente.
Este hallazgo remarca la importancia de la supervisión en la administración de fondos públicos y privados destinados a programas sociales, en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son prioritarios para fortalecer la confianza ciudadana. La denuncia busca no solo recuperar los recursos desviados, sino también sancionar a quienes resulten responsables ante la justicia y las autoridades regulatorias.
La relevancia de este caso radica en el impacto que puede tener sobre la confianza en la gestión de fondos sociales y en la necesidad de mecanismos rigorosos para evitar fraudes en proyectos de participación comunitaria en la región, así como en el fortalecimiento de la fiscalización en el uso de recursos públicos.