La Fiscalía de Chihuahua informó sobre el avance en investigaciones y medidas aplicadas a adolescentes infractores, destacando acciones preventivas en escolares.
Durante la conferencia semanal de la Fiscalía de Distrito en Chihuahua, Heliodoro Araiza Reyes, titular de la dependencia, proporcionó detalles sobre 43 carpetas de investigación abiertas por delitos que involucran a menores. De este total, 19 casos fueron sobreseídos, dos lograron sentencias mediante procedimiento abreviado, y en cuatro se aplicó la suspensión del proceso judicial. Además, se emitieron dos órdenes de presentación y las 16 investigaciones restantes continúan en proceso judicial.
El fiscal explicó que la normativa local se basa en modelos que consideran la edad de los menores y su gravedad. Para menores de 12 años, la ley prevé medidas de atención social, mientras que entre los 14 y 17 años los adolescentes son sujetos a medidas de internamiento en centros especializados, dependiendo de la naturaleza del delito. Esto refleja un sistema diferenciado que busca equilibrar la protección de los derechos de los menores y la responsabilidad penal.
Las investigaciones abarcan delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión, portación ilegal de armas, narcomenudeo, robos y abusos sexuales, entre otros. La atención adicional se enfoca en temas comunes en la comunidad educativa, como el acoso escolar y el uso de dispositivos no autorizados, como vapeadores. En colaboración con el Grupo de Orientación Escolar de Chihuahua, se llevan a cabo campañas preventivas en las escuelas, complementadas con información dirigida a docentes, padres y alumnos sobre los riesgos del consumo de sustancias y la importancia de la convivencia sana.
Este enfoque integral busca disminuir la incidencia de conductas delictivas en menores, promoviendo la prevención y el apoyo psicológico, en un contexto donde la atención temprana y la intervención especializada son esenciales para reducir la reincidencia y colaborar en la construcción de una comunidad más segura. La relevancia de estas acciones radica en que el trabajo conjunto con el sistema educativo y las instituciones sociales es clave para gestionar la problemática juvenil en la región.