La competencia en investigación por desviación de recursos en Chihuahua genera un conflicto legal entre autoridades estatales y federales, elevando tensiones en el combate a la corrupción.
Recientes decisiones judiciales en Chihuahua han puesto en el centro de la atención el enfrentamiento entre las autoridades locales y federales en materia de investigación por posibles delitos de corrupción. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente asumir la responsabilidad exclusiva sobre una investigación que involucra la desviación de recursos públicos, alegando que los hechos afectaron a bienes de competencia federal. Sin embargo, un juez federal aceptó esa solicitud sin notificar previamente a las instituciones estatales, argumentando que la fiscalía federal tiene la facultad de atracción en estos casos, en cumplimiento del marco legal vigente. El gobierno de Chihuahua, a través de su Fiscalía Anticorrupción, señaló que la decisión viola derechos fundamentales y que los recursos en disputa son de naturaleza estatal, ya que fueron transferidos en el marco de la Constitución a las arcas locales. La fiscalía estatal además denunció irregularidades en el procedimiento, incluyendo la falta de notificación formal y la ausencia de una base jurídica adecuada para la transferencia de competencia. Como consecuencia, se interpuso un amparo para restablecer los derechos del Estado y garantizar que las investigaciones continúen en el ámbito local. El conflicto jurídico se ha escalado al presentar un juez local un conflicto de competencia ante el Tribunal Colegiado del Estado, argumentando que las acciones de la fiscalía federal contravienen las disposiciones constitucionales y legales. La resolución del tribunal será clave para definir qué instancia tiene autoridad en estos procesos y cómo se respetan los derechos de las instituciones y víctimas involucradas. La situación refleja las tensiones existentes en el país respecto a la distribución de competencias en casos de corrupción y la lucha por mantener la autonomía de los estados en las investigaciones judiciales.