El exgobernador de Chihuahua enfrenta cargos por lavado y operaciones con recursos ilícitos, tras su extradición desde Estados Unidos y con una investigación en curso.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, podría recibir una sentencia de hasta 22 años de prisión si se le encuentra culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según lo establecido en el Código Penal Federal. La fiscalía alega que Duarte participó en un esquema para ocultar fondos desviados de las arcas públicas durante su gestión (2010-2016), utilizando el sistema financiero mexicano para lavar dinero. Esta acusación se sustenta en una investigación que también contempla la inhabilitación para ocupar cargos públicos, que comenzaría tras cumplir la pena de prisión.
Es importante contextualizar que Duarte fue extraditado de Estados Unidos en 2020, donde estuvo detenido por vínculos con delitos relacionados con el desvío de recursos públicos, y enfrenta otros cargos en Chihuahua. La legislación mexicana contempla agravantes para exservidores públicos en casos de lavado de dinero, especialmente cuando estos delitos ocurren en un período cercano a la finalización de su mandato. La audiencia para determinar su situación jurídica se realiza en el Penal del Altiplano ante la jueza María Jazmín Ambriz López, en un proceso que continúa en desarrollo.
Este caso refleja un esfuerzo por fortalecer la lucha contra la corrupción en México, donde la sofisticación de las actividades ilícitas que involucran recursos públicos ha llevado a la revisión de mecanismos legales con mayor peso punitivo y criterios más estrictos sobre la responsabilidad de los exfuncionarios públicos en actividades delictivas financieras. La verdicta definida tendrá un impacto en la percepción pública sobre la justicia en casos de corrupción y delitos financieros.