La jueza federal María Jazmín Ambriz López determinará si vincula o no a proceso al exgobernador de Chihuahua, acusado de operar recursos ilícitos por más de 73 millones de pesos.
Desde los juzgados federales ubicados en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, se lleva a cabo una importante audiencia en torno a la situación legal de César Duarte Jáquez. La jueza federal María Jazmín Ambriz López decidirá si vincula o no a proceso al exgobernador de Chihuahua, quien enfrenta cargos por lavado de dinero relacionados con una suma superior a los 73 millones de pesos. La audiencia se realiza en un contexto de múltiples investigaciones que apuntan a la possible existencia de una red de corrupción coordinada durante su mandato, evidencia que la Fiscalía General de la República ha señalado como motivo de una posible fuga.
Los abogados de Duarte argumentan que las evidencias presentadas son insuficientes para sustentar los cargos y aseguran que se trata de una persecución política que busca la condena del exmandatario, además de mencionar que ya fue absuelto en procedimientos administrativos por delitos similares en Chihuahua. Sin embargo, la fiscalía insistió en la necesidad de que Duarte permanezca en prisión preventiva, señalando la existencia de una estructura con capacidad de apoyo para que el exgobernador evada la justicia, dada su influencia y recursos desde su etapa como funcionario estatal.
Cabe destacar que, en un contexto más amplio, la investigación en torno a Duarte también involucró procesos en Estados Unidos, donde se autorizó en diciembre pasado el procesamiento por delitos distintos a los inicialmente imputados, ampliando el alcance de la investigación. La relevancia de este proceso radica en el carácter simbólico y estratégico que representa en la lucha contra la corrupción en México, donde casos de altas figuras políticas aún enfrentan obstáculos, pero también avances legales que buscan justicia y transparencia.
Este escenario evidencia la complejidad de los procesos penales contra exfuncionarios de alto nivel y subraya la importancia de una justicia que combine la investigación exhaustiva con el debido proceso, en un contexto de fortalecimiento de las instituciones judiciales en el país.