Chihuahua, Chihuahua. – La presentación de documentación falsa o alterada por parte de particulares para obtener contratos públicos ha sido el denominador común en 29 denuncias penales y 75 administrativas promovidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) tras la revisión de la Cuenta Pública 2024.
Estas irregularidades, detectadas principalmente en procesos de licitación, implican la simulación de cumplimiento de requisitos legales y financieros por parte de proveedores y contratistas para acceder a recursos públicos. La ASE identificó un esquema reiterado en el que se verificó la autenticidad de documentos clave, descubriendo conductas dolosas.
Entre las falsificaciones más recurrentes se encuentran la alteración de opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales, tanto estatales como federales, así como del IMSS. La validación de códigos QR de estos documentos a menudo reveló discrepancias o enlaces a páginas genéricas sin respaldo oficial, mientras que en otros casos, las instituciones emisoras confirmaron la inexistencia de los folios en sus bases de datos.
Asimismo, se documentó la simulación de capacidad técnica y financiera. Algunos contratistas declararon poseer capital contable o especialidades técnicas que resultaron inexistentes tras verificaciones en portales oficiales. Se suman a esto irregularidades en registros del REPSE y declaraciones falsas bajo protesta de decir verdad, utilizadas para aparentar solvencia y adjudicarse contratos.
Las auditorías forenses señalan que estas prácticas se concentraron en varias dependencias y organismos. El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) lidera la lista con 12 denuncias penales, seguido por el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, cada uno con tres denuncias. La Secretaría de Hacienda y la JMAS de Juárez también registraron dos denuncias penales cada una.
Las 29 denuncias penales fueron presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, mientras que las 75 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por faltas graves podrían involucrar tanto a servidores públicos como a particulares. Adicionalmente, la ASE inició 393 procedimientos por faltas no graves ante los órganos internos de control.
La ASE ha modificado su criterio: la presentación de documentos falsos por parte de particulares ahora se considera un engaño deliberado que pone en riesgo el patrimonio público, por lo que los casos se trasladan al ámbito penal en lugar de ser tratados como meras irregularidades administrativas.