La aprobación de la ley, que regula el uso del agua, se logró tras polémicas protestas y ajustes, afectando principalmente a productores agrícolas en Chihuahua.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ley de aguas con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones. La propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo, busca establecer un marco legal que centraliza las concesiones del agua y reconoce este recurso como un derecho humano fundamental, en respuesta a las problemáticas de sequía en diversas regiones del país. La discusión se intensificó tras varias protestas de productores agrícolas, que bloquearon carreteras, aduanas y puentes internacionales en reclamo de reformas que permitan mayor flexibilidad en el uso del agua, especialmente en lo referente a pozos sin concesión.
Uno de los votos favorables fue el del diputado Roberto Corral, representante del Partido del Trabajo por Cuauhtémoc, Chihuahua, una de las entidades más afectadas por la prolongada sequía. Aunque Corral no participó en el debate, su respaldo refleja el interés de la región en las decisiones sobre recursos hídricos. Chihuahua, que ha enfrentado una crisis de sequía en los últimos cinco años, busca asegurar el abastecimiento de agua ante las condiciones extremas en sus zonas rurales y urbanas.
El proceso legislativo incorporó cerca de 90 ajustes tras encuentros y reclamos de diferentes sectores. Los defensores del proyecto argumentan que la ley fortalecerá la certeza jurídica y protegerá los derechos de los productores, además de prohibir la venta comercial del agua y promover la regulación de pozos sin permisos oficiales. Sin embargo, críticos advierten que la centralización puede generar riesgos de control excesivo y criminalización de ciertos usos agrícolas tradicionales, manteniendo incertidumbre para algunos sectores.
Este relevante avance en la regulación del agua en México pone en evidencia la complejidad de equilibrar la conservación de este recurso vital con las necesidades productivas y sociales. La ley, que aún debe ser ratificada en el Congreso, será clave para definir el futuro del acceso y manejo del agua en el país, particularmente en zonas afectadas por la sequía y la sobreexplotación.