La iniciativa ofrece descuentos de hasta el 50% para regularizar propiedades y apoyar a familias sin acceso a créditos hipotecarios.
En un esfuerzo por mejorar la economía familiar y fomentar la regularización patrimonial, las autoridades del estado de Chihuahua han lanzado la segunda fase de un programa de descuentos en pagos de inmuebles. Durante todo 2025, se ha aplicado una reducción del 15% en pagos de contado y en adeudos, aunque esta etapa actual ofrece beneficios más atractivos, con descuentos que oscilan del 20% al 50%, según corresponda, para propiedades tanto habitacionales como comerciales. Esta oportunidad resulta especialmente valiosa para quienes buscan regularizar su situación legal y obtener certeza jurídica sobre sus bienes inmuebles.
Desde que se inició este programa, más de 2,100 lotes han sido formalmente regularizados en 283 colonias distribuidas en todo el estado, gracias a la coordinación entre el Departamento de Regularización y las delegaciones regionales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. La iniciativa forma parte de la visión humanista de la gobernadora Maru Campos, quien ha subrayado la importancia de facilitar el acceso a la propiedad a quienes carecen de créditos hipotecarios o mecanismos tradicionales para adquirir vivienda. La regularización no solo beneficia a las familias al brindarles seguridad jurídica, sino que también contribuye a ordenar el desarrollo urbano y fortalecer la estabilidad social.
Hasta la fecha, cerca de 6,700 personas en municipios como Chihuahua, Juárez, Delicias, Jiménez y Saucillo han logrado aprovechar estos beneficios. La colaboración con el Notariado estatal ha sido fundamental en este proceso, permitiendo acelerar la certificación de la propiedad y garantizar que los beneficiarios cuenten con plena seguridad jurídica. La continuidad de este programa asegura que más familias puedan consolidar su patrimonio en un entorno de mayor orden y confianza.
Como contexto adicional, este tipo de programas de regularización se han convertido en una herramienta clave en diversos estados del país, en un momento en que la economía familiar y la formalización de la vivienda son priorities para promover el desarrollo social y reducir la informalidad en el mercado inmobiliario.