El alcalde de Chihuahua cuestiona el proceso legislativo y sugiere renegociar el tratado internacional para asegurar una gestión equitativa del agua.
En medio de tensiones por la reciente legislación en materia hídrica, el alcalde de Chihuahua, Fernando Alfonso Romero, expresó su preocupación ante los efectos que dicha ley podría tener sobre los recursos de la ciudad. La normativa, aprobada en un proceso legislativo considerado irregular, busca imponer obligaciones económicas que podrían afectar la economía local y el acceso al agua, especialmente en una región con un clima extremadamente árido y una histórica deuda de recursos con Estados Unidos.
El edil afirmó que la ley se aprobó de manera sorpresiva, en horas de la madrugada y sin un debate amplio, lo que limitaría la participación de la oposición y dificultaría un análisis profundo de sus implicaciones. Además, advirtió que la legislación podría derivar en incumplimientos en el pago del derecho del agua, generando complicaciones adicionales en las relaciones internacionales y en la economía regional.
El alcalde propuso, en cambio, retomar las negociaciones para establecer un nuevo tratado de aguas con Estados Unidos, que contemple un reparto justo de responsabilidades y obligaciones financieras entre Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La iniciativa busca garantizar el acceso equitativo y preservar los recursos agrícolas, además de fomentar la autosuficiencia alimentaria en el estado en un contexto donde la dependencia de importaciones ha ido en aumento.
Este escenario se inserta en un contexto global donde los recursos hídricos son cada vez más escasos y enfrentan desafíos derivados del cambio climático, el crecimiento poblacional y la expansión agrícola. La gestión del agua en la frontera norte de México, caracterizada por acuerdos históricos con EE. UU., requiere formalizarse y adaptarse a las condiciones actuales para evitar conflictos futuros. La postura de Chihuahua refleja la necesidad de una visión integral que priorice la sustentabilidad y la justicia en la distribución de recursos.