La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se presentará este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo en un caso que podría derivar en acciones legales contra quienes facilitaron la participación de agentes extranjeros en asuntos de seguridad nacional. Este evento marca un hito en la historia política del estado, dado que es la primera vez que un jefe de ejecutivo local comparece ante una autoridad federal a pesar de contar con fuero.
Las tensiones en la política mexicana se intensifican. Por un lado, el oficialismo ha pedido el procesamiento de la gobernadora, acusándola de “traición a la patria”. En contraste, el bloque opositor defiende su posición, exigiendo que se aplique la misma severidad a otros actores políticos que también enfrentan acusaciones relacionadas con la delincuencia organizada.
La controversia comenzó a raíz de un accidente vehicular que involucró a miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones y agentes estadounidenses. El 18 de abril, se reveló el hallazgo de laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara y, al siguiente día, se confirmaba la presencia de estos efectivos extranjeros, acusando a las autoridades de desconocer su participación en operativos de seguridad.
La situación se deterioró con la revelación de discrepancias en las versiones oficiales sobre la interacción entre funcionarios y agentes extranjeros. Este conflicto y la falta de comunicación entre la gobernadora y el Gobierno federal han dejado en evidencia un ambiente de desconfianza y tensiones elevadas en los dos niveles de gobierno.
La trama continúa en desarrollo, y el impacto de la declaración de Campos Galván podría tener repercusiones significativas en la política y la seguridad en la región, así como en las relaciones entre el estado y la administración federal.
Con información de nortedigital.mx