La selección del nuevo titular del organismo defensor de derechos humanos en Chihuahua inicia su proceso con requisitos específicos y evaluación pública en enero de 2026.
Durante la sesión más reciente de la Junta de Coordinación Política en Chihuahua, se anunció la apertura formal de la convocatoria para integrar el próximo período del Comisionado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). El proceso busca designar al responsable que liderará la institución desde 2026 hasta 2030, con la participación del encargado del despacho, Alejandro Carrasco Talavera, en la fase de selección.
La convocatoria estará vigente desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado hasta el 11 de enero de 2026, día límite para presentar solicitudes y documentación. Entre los requisitos requeridos se encuentran ciudadanías mexicana, ausencia de cargos políticos en los últimos cinco años, no haber sido condenado por delitos dolosos y contar con al menos cinco años de experiencia en la protección, respeto y promoción de los derechos humanos. Además, los aspirantes deben acreditar un nivel de licenciatura y no estar inscritos en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua.
Las entrevistas públicas, programadas para los días 19 y 20 de enero, serán una etapa clave del proceso. En ellas, se evaluará la capacidad de expresión, habilidades para asumir el puesto y propuestas contra la corrupción, con un valor de 50 puntos del total. La otra mitad será determinada por la revisión del perfil curricular, considerando formación académica, experiencia en derechos humanos y trayectoria profesional relevante.
Dado que la importancia de fortalecer la protección de derechos en Chihuahua es cada vez mayor, la selección del nuevo comisionado representa un paso relevante en la consolidación del organismo. La publicación de los resultados en el portal oficial del Poder Legislativo garantizará transparencia en la elección, que será supervisada meticulosamente para asegurar la idoneidad del candidato.
Este proceso se inscribe en los esfuerzos de las instituciones locales por perfeccionar la vigilancia y defensa de derechos humanos, reforzando la confianza en instituciones públicas y promoviendo una mayor participación ciudadana en la protección legal y social.