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Chihuahua

Ejecutan reformas en Chihuahua para acelerar la municipalización de fraccionamientos

Chihuahua aprueba reformas para limitar autorizaciones a desarrolladores con fraccionamientos pendientes, buscando acelerar la regularización y mejorar servicios públicos.

Por Redacción1 min de lectura
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La iniciativa busca reducir pendientes históricos en esta materia, estableciendo límites a nuevos permisos para desarrolladores con morosidad. En Chihuahua, se ha anunciado la aprobación de una iniciativa legislativa que busca agilizar la regularización de fraccionamientos sin municipalizar, un proceso que arrastra retrasos que afectan a cientos de desarrollos en la región. La medida, fundamentada en el artículo 273 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, establece que los desarrolladores con más de cuatro fraccionamientos pendientes de municipalización y que hayan incumplido en más de cinco años no podrán acceder a nuevas autorizaciones para continuar con nuevos proyectos. Esta reforma se enmarca en el programa “Fraccionamientos al 100”, iniciado en 2022, que ha logrado reducir significativamente los fraccionamientos pendientes, pasando de cerca de 1,100 a aproximadamente 230, en coordinación entre las autoridades municipales y los desarrolladores. El problema histórico de la falta de comunicación y coordinación entre las instituciones y los desarrolladores provocó que documentos esenciales permanecieran sin entregar por años, retrasando así la formalización de la propiedad y la prestación de servicios públicos. La eliminación de estos obstáculos busca asegurar que los desarrollos urbanísticos cumplan con las obligaciones legales y que los vecinos reciban beneficios en condiciones óptimas. La iniciativa también contempla mecanismos para priorizar la atención a los fraccionamientos que datan desde 2003, evidenciando la urgencia de regularización en algunos casos. Contextualmente, la regulación de fraccionamientos es un componente clave en la planificación urbana, que impacta en la calidad de vida, en la seguridad jurídica de los propietarios y en la inversión pública y privada. La implementación de estas reformas refleja una estrategia consciente para fortalecer la gestión urbana y mantener la sostenibilidad del c

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