El estado registra el mayor volumen de extracción de agua y presencia de pozos sin permisos, poniendo en riesgo el acceso al recurso en la región.
Chihuahua continúa siendo la entidad con mayores desafíos en la gestión del agua en México, enfrentando niveles alarmantes de sobreexplotación de acuíferos y una proliferación significativa de pozos ilegales. La extracción anual de aguas subterráneas en esta región supera en aproximadamente 3 mil 200 millones de metros cúbicos las concesiones otorgadas, una cifra que equivale al volumen total de agua que almacenan las principales presas del estado, como La Boquilla y Las Vírgenes. Esta situación refleja una grave apropiación del recurso, impulsada por un conjunto reducido de políticos y empresarios que controlan cerca de cinco mil pozos ilegales y concesiones abiertas sin regulación. La situación genera una preocupación creciente por el acceso al agua potable y el cumplimiento del derecho humano a este recurso fundamental. En los últimos días, tras una serie de protestas insistentes, los legisladores modificaron parte de la Ley General de Aguas para atender algunas demandas del sector agrícola, incluyendo la herencia de concesiones y la protección de las familias que dependen del campo. A pesar de estas medidas, persistentes discrepancias entre las autoridades y los productores evidencian la complejidad del problema, especialmente en una región donde la gestión eficiente y equitativa del agua resulta crucial para su desarrollo sostenible.