La entidad enfrenta el mayor problema de extracción excesiva y actividades ilegales que ponen en riesgo el derecho humano al recurso vital.
Chihuahua enfrenta una crisis significativa en sus recursos hídricos, siendo la entidad con mayor sobreexplotación de acuíferos y presencia de pozos ilegales en el país. La extracción anual de agua del subsuelo en esta región supera en 3 mil 200 millones de metros cúbicos la cantidad concesionada, una cantidad que equivale al volumen total de las presas La Boquilla y Las Vírgenes combinadas. Además, un reducido grupo de políticos y empresarios controla cerca de 5 mil pozos ilegales y diversas concesiones de agua, lo que genera un grave riesgo para el acceso equitativo y el respeto al derecho humano al agua en las comunidades urbanas.
Este problema estructural ha sido fuente de protestas y debates políticos, especialmente en el contexto de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Tras cinco días de movilizaciones, las protestas cesaron cuando se aceptaron modificaciones en la legislación que incluyen beneficios para los productores rurales, como herencias de concesiones y traslados, además de evitar penalizaciones a las familias que trabajan en el campo. Sin embargo, el debate sobre la distribución y protección de los recursos sigue abierto.
A nivel político, se afirma que la Cámara de Diputados ha mantenido un diálogo constante con diferentes actores, incluyendo agricultores de toda la República, para atender sus posturas en torno al manejo del agua. En particular, se mencionan reuniones con productores de Chihuahua, aunque algunos agricultores del estado han denunciado falta de atención por parte de las autoridades federales, quienes organizan foros sobre la Ley de Aguas en otras regiones, como Zacatecas, en lugar de Chihuahua. Uno de los encuentros en el Congreso estatal fue protagonizado por Martín Solís, líder del Barzón, quien fue expulsado en medio de protestas y acusaciones de traición, reflejando las tensiones existentes en el sector agrícola local.
Este escenario evidencian la complejidad y la urgencia de implementar políticas integrales y justas para garantizar la sustentabilidad del vital recurso en Chihuahua y en toda México.